PROPUESTAS EJE PARA UNA
NUEVA CONSTITUCIÓN

Nuestras propuestas para la
Constitución de todas y todos

Terminar con los abusos por parte del Estado y de los privados a través de una nueva estructura de poderes en Chile.
Equilibrar los poderes del Estado. Terminando con el hiperpresidencialismo, el Tribunal Constitucional y la demora en la tramitación de leyes.
Dar poder a la gente. Abrir la democracia a la participación a través de plebiscitos, iniciativas populares de ley, planificación territorial, presupuestos nacionales y locales.
Contar con formas de control a las autoridades electas y transparencia activa.
Defensoría Popular.

Se creará un Sistema Nacional de Salud, financiado por cotizaciones que en ningún caso podrán ser destinadas a compañías privadas de salud. Este sistema será universal (para [email protected]) y gratuito.
El derecho a la salud deberá contemplar a la salud preventiva, curativa y de rehabilitación, considerando especialmente a la salud mental.
En la nueva Constitución se debe romper el paradigma de la salud entendida solamente desde lo curativo. El concepto central es el “buen vivir” y la salud plena.
Se debe garantizar el derecho a una muerte digna.
Se debe garantizar el acceso a los medicamentos a través del Sistema Nacional de Salud o a través de sistemas de fijación de precios. No más el negocio en el precio de los medicamentos.

La nueva Constitución deberá asegurar a toda persona el derecho a vivir en una vivienda digna y con acceso garantizado a servicios básicos (incluyendo la conectividad digital).
La vivienda debe estar integrada al barrio y a la ciudad.
El derecho a la vivienda exige también habilitar al Estado para desarrollar políticas de manejo de suelos, sin perjuicio de la promoción de sistemas de autogestión comunitaria de vivienda.
Habilita también al Estado a llevar una política de control del mercado de suelo, que esté condicionada a las necesidades colectivas, para evitar la especulación, la segregación y la carencia de terrenos disponibles (como ocurre hoy con el negocio inmobiliario).

La Constitución debe consagrar el derecho humano al agua.
Además, la Constitución debe considerar expresamente al agua como un bien nacional de uso público y un derecho social garantizado por el Estado.
Debe ser gestionado de acuerdo con las comunidades, para dar sustento a las cuencas ecológicas e impedir su sobreexplotación por el Estado u otros agentes.
Se priorizará el consumo humano y ecológico por sobre el uso industrial a gran escala, asegurando su calidad, saneamiento, acceso y resguardando los caudales ecológicos mínimos.
El resguardo de estos derechos debe establecerse de manera más precisa como uno de los límites al derecho de propiedad.

Reconoceremos nuevos derechos, entre ellos, el “derecho a los cuidados” como un eje fundamental en la organización social y que permite poner a la vida en el centro.
Reconocemos el trabajo doméstico y de cuidados.
Éste debe ser asumido por los hogares, la comunidad y el Estado.
Se termina con la visión anticuada que deja solas a las mujeres en los “trabajos de la casa” (no remunerados) y a los hombres en el trabajo “fuera de la casa”.